Desde hace un tiempo, me ronda una idea en la cabeza que no me deja en paz. Ha dejado de ser un pensamiento pasajero para convertirse en una incómoda constante cada vez que camino por la ciudad.
Yo vivo en la capital. Disfruto de las ventajas de la conectividad, me gustan las comodidades urbanas, consumo y soy parte de este sistema. Precisamente por eso, al mirar el ritmo acelerado en el que vivimos, no puedo evitar hacerme preguntas que a menudo no encuentro las respuestas correctas: ¿realmente nos estamos desarrollando, o solo estamos sofisticando nuestra capacidad de consumir a costa de otros? ¿Quién está pagando la factura de mi propia comodidad urbana?
Nos han enseñado a medir el éxito en vertical. Asumimos que un país progresa si su capital se llena de edificios de cristal, centros comerciales y conectividad de última generación. Pero en este proceso, el «interior» y el campo —el verdadero motor que sostiene la vida— se han minimizado, invisibilizado y desvalorizado ante los ojos de la urbe.
Creemos que llevar «desarrollo» al interior es simplemente construir obras de cemento o inundar las zonas con conectividad digital, asumiendo que el progreso rural consiste en imitar el estilo de vida urbano. La infraestructura, los caminos accesibles y la tecnología son indispensables, por supuesto; el problema es que a menudo se entregan como proyectos aislados que no resuelven las necesidades estructurales de la comunidad.
El desarrollo auténtico no es una receta estandarizada desde la capital, sino el acceso a herramientas que potencien la vida en el territorio: sistemas de riego eficientes para los agricultores, apoyo técnico para que sus tierras sigan siendo fértiles, infraestructura médica equipada, educación adaptada a su realidad y, sobre todo, la garantía de un suministro de agua limpia y constante.
Desarrollarse no es cambiar el campo por concreto, sino dignificar la vida rural para que prosperar allí sea una opción viable y no un acto de supervivencia.
La desconexión de la capital
El problema de este modelo es la profunda desconexión geográfica y moral que existe entre donde se toman las decisiones y donde se viven las consecuencias. Hablamos de progreso, de economía y de grandes proyectos desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado en la capital. Pero la realidad es que, históricamente, para que la burbuja urbana funcione, otra parte del mapa tiene que asumir el costo.
Lo hemos visto con la crisis energética, con la gestión del agua y, de manera muy cruda, con los conflictos socioambientales en nuestros territorios e industrias extractivas.
Es muy fácil, desde el privilegio de la urbe, pedirles a las comunidades del interior o de las comarcas que «sean empáticas», que piensen en el «PIB del país» y que cedan su tranquilidad, sus ríos o sus tierras por el supuesto bienestar común. Pero cuando pasamos la factura, las ganancias económicas y el confort se centralizan en la capital, mientras que los daños ambientales, la escasez de recursos y el tejido social roto se quedan para siempre en el territorio que fue sacrificado.
La pregunta que nos toca a todos
Es muy sencillo señalar únicamente a los gobiernos de turno o a las grandes corporaciones por imponer este modelo, pero la reflexión se vuelve verdaderamente incómoda cuando nos miramos al espejo como ciudadanos.
El sistema centralista funciona porque nosotros, los que disfrutamos de las comodidades de la ciudad, muchas veces elegimos mirar hacia otro lado… hasta que el problema nos revienta en la cara.
Exigir empatía al interior del país para mantener el estilo de vida de la capital no es desarrollo; es una profunda injusticia colonial interna. La verdadera sostenibilidad no va a nacer de discursos políticos maquillados de verde., va a comenzar el día en que los habitantes de la ciudad nos hagamos las preguntas correctas: ¿Quién está pagando el precio real de mi comodidad? Y más importante aún: ¿Estoy dispuesto a cuestionar mis propios privilegios, a incomodarme, a consumir de otra manera y a exigir que el bienestar de una persona en el campo valga exactamente lo mismo que el de alguien en la capital?
El desarrollo real no se mide en la altura de los edificios ni en la opulencia de una zona urbana, sino en la honestidad y la justicia con la que tratamos a la tierra y a la gente que, desde el anonimato del campo, sostiene la vida de todo un país.